La legislación española prohibe el "comercio
de la sangre". Los "costes de la sangre":
La bolsa que la contiene, análisis, cámaras
frigoríficas, etc... son asumidos por la Seguridad
Social (Hospitales Públicos), Aseguradoras o
los propios pacientes (Hospitales Privados) Toda la
sangre extraída en nuestro país está
controlada por Organismos Oficiales.
